Con el objetivo de reducir estructuras administrativas y avanzar hacia una mayor centralización del control estatal, el Gobierno nacional planea la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), uno de los entes clave en materia de fiscalización del sistema de transporte en la Argentina.
La medida, que se encuentra en etapa de definición, se oficializaría mediante un Decreto en las próximas semanas, antes del vencimiento de las facultades delegadas previstas en la Ley Bases.
La CNRT, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Economía, es el organismo encargado de regular y controlar el transporte automotor y ferroviario de pasajeros y cargas a nivel nacional.
Entre sus principales tareas, se destacan la evaluación psicofísica de conductores profesionales, la fiscalización de servicios de ómnibus de larga distancia, camiones y trenes, la emisión de la Tasa Nacional de Fiscalización y el control de concesiones ferroviarias.
Sin embargo, el tiempo apremia. Las facultades que permiten al Poder Ejecutivo avanzar en este tipo de transformaciones expiran el próximo 9 de julio. Por ello, el Gobierno acelera la firma del decreto que daría de baja a la CNRT y redistribuiría sus funciones dentro de la Secretaría de Transporte, liderada desde este mes por el mendocino Luis Pierrini, un dirigente con experiencia en el área y con llegada directa al ministro de Economía, Luis Caputo.
En la provincia, la posible eliminación del organismo reaviva los temores sobre cómo se garantizará el control efectivo del transporte de cargas y pasajeros, considerando la importancia estratégica de Mendoza como corredor bioceánico.
Este medio se comunicó con la Dra. Laura Nento, actual delegada de la CNRT, quien aseguró no tener precisiones oficiales sobre el futuro del organismo nacional y sus oficinas en la provincia, más allá de los trascendidos mediáticos.
En ese sentido, se excusó de dar declaraciones al respecto, entendiendo que cualquier expresión partiría de apreciaciones personales y no de información real.
Quien sí se expresó fue Alejandro Mutis, quien estuvo al frente de la delegación durante el gobierno de Alberto Fernández, quien dejó al descubierto su inquietud por el posible traspaso de funciones hacia la Secretaría de Transporte, sin un correlato claro en cuanto a recursos humanos ni herramientas disponibles en el territorio.
Según su visión, el desafío principal será sostener las tareas de control con una estructura mucho más limitada, lo que podría derivar en un vacío operativo. Asimismo, considera indispensable que la provincia tome un rol más activo en la fiscalización, asumiendo responsabilidades que hoy son nacionales y generando nuevas capacidades locales para estar a la altura de las exigencias.
Mutis remarcó que durante su paso por la delegación local, se logró una sinergia efectiva con el Gobierno provincial que permitió sostener operativos coordinados, más allá de las diferencias partidarias. La experiencia dejó en evidencia que, aún con recursos limitados, es posible prevenir incidentes si se trabaja con compromiso y se fortalecen los canales de cooperación interinstitucional. “No se puede esperar una tragedia para entender que la fiscalización salva vidas”, sostuvo.
El ex funcionario también planteó la necesidad de avanzar con una verdadera reestructuración, no solo para mejorar el esquema de sanciones, habilitaciones y controles, sino para dotar a la provincia de una infraestructura mínima que garantice presencia permanente en las rutas. La fiscalización, advirtió, no puede reducirse a un gesto simbólico ni a controles esporádicos. Es imprescindible contar con móviles, equipamiento, tecnología y personal especializado, además de mantener una relación fluida con organismos como la Policía, Gendarmería, Aduana y autoridades de las provincias vecinas.
En este contexto, Mutis hizo pública su disposición a colaborar con el rediseño institucional que se avecina, entendiendo que su experiencia puede ser útil para evitar que Mendoza quede desprotegida. “Hay que dejar de pensar solamente en Buenos Aires y mirar lo que pasa en las provincias de tránsito internacional”, insistió.
Puertas adentro de la gestión libertaria, se analizan dos posibles esquemas de reconfiguración del organismo de control.
El primero de ellas contempla una fusión de la CNRT con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (JNST). Bajo esta nueva estructura, las tareas de control sobre el transporte automotor pasarían a una unidad centralizada, mientras que las licencias y permisos internacionales quedarían a cargo de la Secretaría de Transporte.
En tanto, en cuanto al sistema ferroviario, el esquema prevé una redistribución más compleja: la Subsecretaría de Transporte Ferroviario asumiría el control de los trenes de pasajeros, y se crearía una nueva Agencia Federal de Regulación del Transporte Ferroviario de Cargas (AFRTC) para supervisar los servicios de carga, en sintonía con el proyecto de privatización de Belgrano Cargas.
La segunda opción pone el foco en una fusión entre la CNRT, la Dirección Nacional de Vialidad y la ANSV, circunscribiendo sus funciones a los modos terrestres. También aquí, los servicios ferroviarios quedarían bajo control directo de Transporte y la nueva agencia para trenes de carga.
De acuerdo con datos del portal Presupuesto Abierto, la CNRT cuenta con una partida anual de $22.367 millones, de los cuales ya se ejecutaron más de $8.700 millones en el primer cuatrimestre. Buena parte de estos fondos se destinan a tareas críticas, como la evaluación psicofísica de choferes, la fiscalización de servicios de pasajeros y cargas, y el control de contratos de concesión.
Si bien desde el Gobierno aseguran que las funciones esenciales del organismo no desaparecerán, la posibilidad de su disolución ya genera incertidumbre en el sector, sobre todo entre los trabajadores del ente y las empresas bajo su supervisión.
La llegada de Pierrini a Transporte, en este contexto, no es casual. El mendocino —con conocimiento del sector por su experiencia en el área de seguros— tendrá la tarea de ordenar la transición, supervisar el traspaso de funciones y garantizar que los controles y regulaciones no se vean desarticulados en el corto plazo.
En medio de la reestructuración estatal que impulsa la administración de Javier Milei, la suerte de la CNRT parece estar echada. Solo resta esperar la publicación del decreto para conocer con precisión cómo se redefinirá el mapa del control del transporte en Argentina.
