Según trascendió, aún no se han iniciado las reparaciones en las centrales II y III, severamente afectadas por la crecida del Cañón del Atuel. Se estima que la inversión para su recuperación podría alcanzar los 2.000 millones de dólares, una cifra que pone en duda la viabilidad de cualquier empresa privada sin garantías de continuidad en la operación.

El contrato original de HINISA venció en 2024 y se prorrogó hasta el próximo año, pero la falta de definiciones por parte del Gobierno Nacional genera incertidumbre sobre el futuro del complejo hidroeléctrico, clave para Mendoza y el sistema interconectado nacional.